EL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Ayer, día 29 de Diciembre, el Tribunal Supremo comunicó a los medios la sentencia desestimatoria emitida el pasado día 13 sobre uno de los recursos de casación presentados por los perjudicados contra la sentencia previa de la Audiencia Nacional que ya negó la responsabilidad patrimonial del Estado en Febrero de este año.

El recurso al que afecta esta sentencia no es uno de los nuestros, pero al igual que ocurrió con la sentencia de la Audiencia Nacional, ésta ahora emitida por el Tribunal Supremo se hará sin duda extensiva a todos los recursos presentados por los Despachos que defienden al resto de afectados, sin valorar las posibles diferencias de sus argumentos o fundamentos jurídicos.

A la espera de una evaluación jurídica más profunda por parte del Bufete Marín, adelantamos las siguientes apreciaciones:

El Supremo bendice, punto por punto, la anterior sentencia de la Audiencia Nacional, lo que supone que entra en el juego sucio de utilizar la calificación de la actividad de las empresas –financiera o mercantil– según convenga en cada caso, bien para justificar la intervención de las mismas tal y como se llevó a cabo, bien para eximir al Estado de toda responsabilidad.

Por sumar daño al daño, la sentencia condena en costas al recurrente, si bien las costas no son aplicadas a cada perjudicado en función de la cuantía que reclama, sino que suponen una cantidad fija por cada recurso presentado, con un máximo de 3.000 euros por recurso. En nuestro caso, si llega el momento, la Asociación se hará cargo del pago de las costas impuestas a sus recursos.

Ambas sentencias, la de la Audiencia y la del Supremo, no son más que la evasión de un Gobierno incapaz de asumir el terrible daño económico y moral causado. Sin embargo, en esta alocada huída hacia adelante, la magistratura dota de nuevas armas a los perjudicados, pues ya son tres las instancias que vienen a ratificar el carácter mercantil de la actividad de las filatélicas y esto pone en tela de juicio todas las actuaciones de la Agencia Tributaria y la Fiscalía que desembocaron en una intervención que, a día de hoy, parece más que dudosa que nunca y realizada con una finalidad muy distinta a la de proteger a los ahorradores.

Si ésta no ha sido la sentencia más rápida de la historia del Supremo, le andará cerca. Los recursos de casación presentados por los perjudicados en la primavera pasada fueron admitidos a trámite hace sólo dos o tres meses. Creemos que un caso de la implicación social de éste merecía un estudio más profundo y detenido, pero es obvio que la decisión estaba tomada de antemano y que para el Supremo ha sido un mero trámite a ventilar cuanto antes el dejar a medio millón de familias españolas sin derecho a ser resarcidas por un Estado que –lo niegue quien lo niegue– es claro que no cumplió sus obligaciones.

La extrema rapidez del fallo, así como la forma y las fechas en que se ha comunicado, ponen de manifiesto una intención sibilina de que la noticia pase lo más desapercibida posible, de que se diluya cuanto antes y de impedir una respuesta rápida de las asociaciones de afectados. En nuestra opinión, se trata de la ejecución pública de 500.000 mil ciudadanos españoles, ahorradores víctimas de la incompetencia de las instituciones del Estado durante 27 años de funcionamiento de las empresas. Además de la impunidad de la que políticos y jueces abusan para pasar por encima de los derechos de los habitantes de este país, tenemos que aguantar la desfachatez con que actúan, ni siquiera se molestan en disimular sus intenciones, tan prepotentes les hemos permitido llegar a ser.

Esta maniobra es de una alevosía y nocturnidad indignas de tan alto Tribunal y, por un lado, evidencia la mala conciencia de la Administración y, por otro, confirma el carácter político de las sentencias -ya denunciado cuando emitió la suya la Audiencia Nacional-así como la manipulación de la Justicia española por parte del gobierno socialista y la inquina y desprecio con que el mismo viene tratando a los perjudicados de Fórum y Afinsa desde hace casi cinco años.

Además, la estrategia política del gobierno está asimismo dirigida a dificultar aún más cualquier iniciativa por parte de la oposición en favor de los perjudicados, haciendo que la sentencia salga justo ahora que estamos a punto de entrar en un año de campaña electoral.

Sin embargo, a pesar de estas sentencias retorcidas y torticeras, las quinientas mil víctimas de esta situación esperamos que el Partido Popular recuerde sus promesas de 2008 y vuelva a llevar al Congreso la necesidad de crear el fondo de compensación que la Ley de Bienes Tangibles debiera haber incluido y que fue boicoteado por el gobierno en 2007 comprando el voto y la voluntad de los partidos nacionalistas. Esto no tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado, se trata de responsabilidad social. Estamos hablando de decenas de miles de personas arruinadas por toda una larga serie de actuaciones erróneas de los poderes públicos.

Un problema social como éste, por más que lo nieguen los vergonzosos juegos de palabras de ciertos magistrados indignos de su cargo, necesita de una solución política a la altura de las circunstancias. Sabemos que no es el mejor momento para exigir compensaciones y, por supuesto, nos solidarizamos con la situación general del país, pero insistimos, como venimos haciendo desde el principio, en que existen vías, porcentajes y plazos razonables de compensación económica para desagraviar a cientos de miles de personas honradas que nunca se hubieran visto en esta situación si los poderes públicos, empezando por la clase política, hubieran cumplido las funciones para las que son designados y mantenidos por los ciudadanos. No faltan recursos, faltan voluntad y conciencia.

El Bufete Marín, en cuanto reciba las sentencias sobre nuestros recursos, que serán idénticas a la que adjuntamos, estudiará si cabe presentar Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional y, en cualquier caso, nuestros letrados están dispuestos a agotar todas las vías procesales en defensa de sus representados, llegando incluso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Por nuestra parte, a lo largo de 2011 y hasta las elecciones de 2012 no dejaremos pasar una sola oportunidad de seguir reivindicando nuestros derechos en todos los ámbitos posibles: judicial, político y mediático. La lucha no termina aquí, empieza aquí.

Queremos hacer un llamamiento a todos los perjudicados de ambas empresas para que no pierdan de ninguna manera el ánimo y respondan siempre con su presencia a cualquier movilización que se convoque en protesta del trato que sufrimos injustamente. De nuestra capacidad de reacción dependen muchas cosas. Por querer hundirnos, quieren hundirnos hasta en estas fechas especiales y robarnos lo único que nos queda: la esperanza, la que tenemos puesta en el 2011. Si teníamos todavía alguna confianza en la Justicia, ya la hemos perdido. Es hora de decir basta y de decirlo con contundencia.

“Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos” – José Saramago –

Seguimos adelante. Ánimo a todos, hasta el final.

ASOCIACIÓN PERJUDICADOS FÓRUM MADRID